El presente documento técnico analiza la implementación de la Ley REP en Chile, abordando sus avances, desafíos y brechas operativas. Evalúa su impacto en la gestión de residuos y cuestiona su efectividad real en la transición hacia una economía circular.
Por: Maritza Medel B. – Ingeniera de Proyectos en Requisitos Legales.
La Ley REP (Ley N.º 20.920) en Chile transforma la gestión de residuos, obligando a los productores a financiar y valorizar los productos prioritarios, tales como neumáticos, envases y embalajes, diarios y revistas, aceites y lubricantes, pilas y baterías, aparatos eléctricos y electrónicos y textiles, considerados de consumo masivo o potencialmente peligrosos.
Esta ley impulsa el tránsito desde un modelo de “usar y botar” hacia uno basado en la planificación de la recolección, reutilización, reciclaje y valorización, mediante metas progresivas y obligaciones específicas. Su implementación busca avanzar hacia una economía circular; sin embargo, enfrenta desafíos relevantes como la limitada infraestructura, la necesidad de educación ciudadana para la separación en origen y la articulación efectiva entre sectores público y privado.
En este contexto, se han desarrollado mecanismos orientados a fortalecer el cumplimiento del régimen REP, incluyendo la incorporación de productores no adheridos y el ajuste de instrumentos regulatorios según cada mercado. Durante 2025, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha reforzado su rol fiscalizador con la implementación del sistema SISREP, la ejecución del Programa de Fiscalización Ambiental y el inicio de procedimientos sancionatorios.
No obstante, surge una interrogante clave: ¿está el modelo logrando resultados efectivos o aún predomina un cumplimiento más formal que sustantivo?
La implementación de la Ley REP se articula mediante instrumentos y actores específicos:
- Productos prioritarios como neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, pilas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos y textiles.
- Sistemas de gestión, organizaciones individuales o colectivas financiadas por productores para cumplir metas de recolección y valorización.
- Metas graduales definidas mediante decretos supremos, con porcentajes crecientes en el tiempo.
- Supervisión y fiscalización a cargo de la SMA, apoyada en plataformas como SISREP.
En 2025 se cumplieron dos años desde la aplicación de metas para neumáticos fuera de uso y envases y embalajes, conforme a los Decretos Supremos N.º 8/2021 y N.º 12/2021. En 2027 comenzarán a regir las metas para aceites lubricantes (DS N.º 47/2024).
Este período ha evidenciado avances regulatorios, también pero tensiones estructurales relevantes. Si bien el marco normativo está consolidado, la implementación muestra brechas que afectan especialmente a territorios rurales, donde la cobertura de sistemas de recolección sigue siendo limitada. Asimismo, los costos de cumplimiento pueden representar una carga significativa para pequeñas y medianas empresas, generando asimetrías frente a grandes productores.
Adicionalmente, se observa una tendencia a la concentración de sistemas de gestión, lo que podría derivar en riesgos de menor competencia y eficiencia en el largo plazo.
El estado de los decretos de metas a marzo de 2026 es el siguiente:
- Neumáticos: DS N.º 8/2021 – vigente.
- Envases y embalajes: DS N.º 12/2021 – vigente.
- Aceites lubricantes: DS N.º 47/2024 – entrada en vigencia en 2027
Respecto de otros productos prioritarios, en 2026 se sometió a consulta pública el anteproyecto para baterías, mientras que en 2025 se incorporaron los textiles como producto prioritario.
En términos de implementación, el sistema aspira a:
- Cobertura nacional en zonas urbanas y rurales
- Cumplimiento progresivo de metas
- Sistemas de gestión robustos
- Participación ciudadana activa
- Fiscalización efectiva
Sin embargo, estos objetivos aún no se materializan de forma homogénea en todo el territorio, lo que plantea dudas sobre la capacidad real del sistema para escalar hacia metas más exigentes.
¿A quiénes aplica?
La Ley REP obliga a productores e importadores a organizar y financiar la gestión de residuos de productos prioritarios, promoviendo la transición hacia una economía circular. Su implementación involucra múltiples actores: sistemas de gestión, gestores, transportistas, municipios y consumidores.
¿Cuál es el sustento normativo?
El sustento normativo principal corresponde a la Ley N.º 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el fomento al reciclaje. Se basa en el principio “el que contamina paga”, trasladando la responsabilidad desde el consumidor hacia el productor.
¿Cómo cumplir?
El cumplimiento implica que productores e importadores deben registrarse en el RETC, declarar sus residuos y financiar su recolección y valorización mediante sistemas de gestión autorizados, cumpliendo metas anuales establecidas.
«La Ley REP no fracasará por falta de norma, sino por debilidades en su implementación».
